La Comisión de Bienes presenta su primer avance ante la inminente disolución del partido

Santiago, julio de 2026. El Partido Radical de Chile atraviesa uno de los momentos más delicados de sus más de 170 años de historia. Tras no alcanzar el umbral del 5% de los sufragios en la última elección de diputados, la colectividad enfrenta la activación del proceso de disolución contemplado en la Ley N° 18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos. En este contexto, la Comisión de Bienes del partido —integrada por María Rojo, Robert Guevara, Jocelyn Quiroga, Silvia Torres y Karina Vasquez— dio a conocer su «Primer Avance», un informe que analiza qué pasará con el patrimonio de la colectividad y propone una hoja de ruta jurídica para proteger su legado.

Un artículo 120 que preocupa a la militancia

El estatuto vigente del partido, en su artículo 120, establece que si el Partido Radical se disuelve, todos sus bienes pasarán al Club de la República, entidad que luego decidiría —a su propio criterio— a qué institución de beneficencia destinarlos. Esta cláusula, vigente desde 2018, ha generado inquietud entre los militantes, sobre todo por el destino de inmuebles con alto valor simbólico, como la histórica sede de Londres 57, además de otras propiedades regionales que forman parte del patrimonio del radicalismo chileno.

El rechazo del Servel a la reforma anterior

La actual directiva ya había intentado modificar este artículo, creando una figura llamada «Comunidad Fiduciaria» para administrar los bienes y encauzarlos hacia una fundación ligada al humanismo laico. Sin embargo, el Servicio Electoral rechazó esa propuesta mediante una resolución de enero de 2026, identificando cuatro problemas centrales, todos fundados en la Ley N° 18.603:

1. La ausencia de un destinatario final con personalidad jurídica válida (la «Comunidad Fiduciaria» no calificaba como tal).
2. La existencia de condiciones y plazos para la transferencia de los bienes, cuando la ley exige que esta opere de forma simple.
3. La creación de una entidad no contemplada por la normativa.
4. Vicios de forma en la firma de la escritura pública, suscrita solo por el presidente y la secretaria general sin mandato notarial del resto de la directiva.

La propuesta de la Comisión: una fundación específica y bienes protegidos

Para subsanar estas objeciones, la Comisión de Bienes propone un nuevo texto para el artículo 120 que designa a una fundación específica y ya existente como destinataria de los bienes, con transferencia «de pleno derecho» al momento de la disolución, sin condiciones ni plazos posteriores. La propuesta además prohíbe expresamente la venta de los inmuebles y contempla al Fisco como destino residual en caso de que la fundación no exista o incumpla su objeto.

Según el informe, implementar esta reforma exige cinco pasos: constituir la fundación con anticipación, aprobar el cambio en el Consejo General, ratificarlo mediante un plebiscito de los afiliados, otorgar la escritura pública con la firma de todos los miembros de la Directiva Central (o mandato notarial de cada uno de ellos) y, finalmente, presentar la solicitud ante el Servel con todos los antecedentes.

El plebiscito, un paso que no es opcional

Uno de los énfasis más fuertes del documento es que la ratificación por plebiscito de los afiliados no es una alternativa, sino una exigencia legal establecida en el artículo 35 de la Ley N° 18.603. Sin esa votación directa, cualquier reforma estatutaria sería nula de pleno derecho y el Servel no podría inscribirla.

Herramientas para que los militantes fiscalicen

El informe también dedica un capítulo a explicar los derechos que tienen los afiliados para exigir información y cuestionar decisiones de la directiva, especialmente ante eventuales ventas de inmuebles. Tanto la ley como los estatutos del partido reconocen el derecho a solicitar información, pedir rendición de cuentas e impugnar decisiones.

Frente a una venta que se considere irregular, la Comisión plantea un plan de acción en cinco pasos: reunir antecedentes, solicitar información formal por escrito a la Directiva, recurrir al Tribunal Supremo del partido, reclamar ante el Servel y, como última instancia, acudir a la vía judicial (recurso de protección, acción de nulidad o incluso una denuncia penal por administración desleal).

La disolución del partido avanza y, sin una reforma estatutaria válida y oportuna, los bienes quedarán sujetos al artículo 120 actualmente vigente. La Comisión de Bienes invita a la militancia a informarse, organizarse y participar activamente en las próximas definiciones, con la convicción de que el patrimonio del radicalismo debe servir a los principios que le dieron origen: la promoción del humanismo laico, los valores republicanos, la formación cívica y la memoria histórica del radicalismo chileno.

El informe completo, firmado en Santiago el 11 de julio de 2026, fue elaborado por la Comisión de Bienes del Partido Radical de Chile. [Descargar]